Día mundial del medio ambiente

Medio ambiente

Por Laura Muñoz*

Artículo aparecido en el Notas, periodismo popular (5 de junio de 2014)

El Día Mundial del Medio Ambiente es la forma que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) eligió para “impulsar la sensibilización y acción por el medio ambiente en todo el mundo”. A lo largo del tiempo, la gente ha hecho que esta celebración crezca, participando millones de personas en más de 100 países con diferentes actividades. El lema de este año es “alza tu voz, no el nivel del mar”.

El Día Mundial del Medio Ambiente nace el 15 de diciembre de 1972, y a partir del año siguiente, se ha celebrado cada 5 de junio. Surge con la idea de ser el vínculo por medio del cual la Organización de Naciones Unidas sensibiliza a la población mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción política. Todos los años tiene diferentes objetivos específicos y este girará en torno a los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, relacionándolos con el cambio climático.

Si la ONU pide que en esta jornada se alce la voz, se pida solidaridad, se realicen actividades que se visualicen en todo el mundo y se escriba sobre el cuidado del ambiente, es necesario señalar que sin lugar a dudas, nuestra región y nuestro país están frente a una realidad compleja.

Vivimos actualmente en un contexto que muchos llaman de “crisis multidimensional”, donde son visibles sus dimensiones económica, energética, alimentaria, y climática. En ese marco, la apropiación privada y agresiva de los bienes naturales es lo normal, es uno de los pilares del modelo extractivo exportador. Modelo característico de la naciones periféricas, que busca transformar los bienes, incluido los naturales, persiguiendo solo su valoración en el mercado mundial.

¿Cómo se justifica la depredación de los bienes naturales? Se ve a este modelo como base necesaria y fundamental de acumulación para el crecimiento económico, y todo lo demás, sus gravísimas consecuencias por ejemplo, son menospreciadas y consideradas daños colaterales.

Producto de esta escisión de las cuestiones ambientales, de las productivas y sociales, surge lo que se conoce como economía verde y, con ella, todas las prácticas provenientes de los organismos internacionales que llaman a cuidar el ambiente.

Entre sus formas de hacerlo  no se encuentra una reflexión sobre el modo de acumulación actual, o sobre las formas de consumo, sino un paquete de instrumentos de gobernanza ambiental como, por ejemplo, el mercado de servicios ambientales, donde todo se reduce a la compra y venta. El método de quien contamina paga y quien conserva cobra, supone que habilita una ética de la responsabilidad, pero mercantilización de la naturaleza mediante. No se toman en cuenta los límites físicos del planeta, ni la finitud de los bienes comunes, solo se ofrecen salidas a través de más expansión, crecimiento y más tecnología.

Superando esta visión economicista y lineal de la defensa del medio ambiente, surgen otras formas de pensar la cuestión ambiental, de manera integral, cuestionando las bases ideológicas de esta historia de progreso y desarrollo donde no prevalece una visión monetaria, y cuyos representantes no alzan la voz solo una vez al año.

Desde las luchas ambientales en Argentina a lo largo de estos años se ha escuchado su voz para detener la megaminería a cielo abierto en San Juan, Catamarca, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz; combatiendo la sojización y la expansión de la frontera agrícola a lo largo y ancho de todo el país; y denunciando las explotaciones de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica del fracking, por mencionar las más relevantes en la actualidad. Día a día visibilizan las consecuencias del extractivismo desenfrenado, depredatorio y dependiente, reivindicando la defensa de la soberanía popular, de nuestros derechos, y de la naturaleza.

*Laura Muñoz, licenciada en Economía e integrante del Centro de Estudios Para el Cambio Social

Bandeado de apremio… Sobre el acuerdo de París

Acuerdo de Paris

Por Emiliano López(*)

Aparecido en el portal de  Notas, periodismo popular (02 de junio de 2014)

En los últimos meses, el objetivo saliente de la estrategia de política macroeconómica del gobierno argentino estuvo centrado en llegar a un acuerdo con el Club de París para lograr una refinanciación de la deuda que había sido declarada en cesación de pagos en el año 2001. Este objetivo, se suma al paquete de medidas que se vienen implementando desde enero (devaluación del peso, aumento de tasas de interés, ajuste fiscal en varias provincias, reducción de subsidios a los servicios públicos, entre otras).

Recientemente se dio a conocer el acuerdo con el Club de París que permite una refinanciación de los 9.700 millones de dólares que se adeudan a este grupo de países centrales y, sobre todo, se han intentado destacar dos cuestiones positivas del acuerdo: no se paga con intereses elevados como los que en un principio exigían los acreedores (se pagará una tasa del 3,8%) y el acuerdo no ha incluido al FMI y, por tanto, no habrá condicionamientos ni monitoreo de parte de este organismo hacia la economía argentina.

Podríamos centrar nuestra atención sobre los aspectos macroeconómicos y el impacto del acuerdo, o bien en la discusión sobre la legitimidad de la deuda pública (en este caso sobre todo), o bien las causas del crecimiento de la deuda en términos absolutos aún cuando el Estado argentino se convirtió en “pagador serial”, o bien el debate acerca de las alternativas posibles del gasto de los recursos del Estado Nacional y, en particular, de las reservas del Banco Central.

Sin embargo, nos interesa más otra cuestión por la manera en la cual se plantea el debate en los medios masivos: ¿en qué medida puede tomarse este acuerdo como una política que favorezca a los sectores populares?  ¿Cuál es el argumento central para explicar el pago con reservas del Banco Central como un paso necesario para continuar con un “modelo de crecimiento inclusivo”? Luego de escuchar las posturas oficiales y la coincidencia de éstas con las oposiciones anti-populares en relación al “éxito” del acuerdo, el punto clave es: la generación de confianza.

Este argumento, que es típicamente liberal más allá de las retóricas nacional-populares forzadas, tiene por objeto basar la reactivación económica en estos años de bajo crecimiento, en un ingreso de divisas por dos canales. Por un lado, los mayores niveles de confianza habilitarían el nuevo endeudamiento público en mejores condiciones, lo cual daría más cuerpo al ingreso de dólares y a las reservas del Central. Por otro, generaría condiciones de menor incertidumbre para que el país atraiga inversiones extranjeras. Además, reduciría la prima de riesgo de las empresas radicadas en Argentina para endeudarse en el exterior en condiciones favorables.

Paradójicamente, fueron precisamente estos argumentos relacionados a la reducción de la incertidumbre, la generación de confianza y la recuperación de la normalidad financiera, los que utilizaron las organizaciones empresarias desde la Unión Industrial Argentina (más comprometida con el desarrollismo del siglo XXI) hasta la Asociación Empresaria Argentina (típicamente neoliberal) pasando por las entidades patronales del agro, para impulsar primero la cesación de pagos de 2001, para que el Estado respalde sus imposibilidades de saldar las deudas contraídas durante la fiesta de los noventa; luego la pesificación asimétrica de 2002, para no perder con la devaluación; y más tarde de las sucesivas renegociaciones de deuda, para lograr reinsertarse en los mercados de crédito barato o conseguir deducciones de intereses sobre las deudas ya contraídas.

Para los sectores populares parece que, nuevamente, lo que queda es esperar que esta vez sí las clases dominantes favorecidas por este acuerdo se dignen a invertir, reactivar la producción, dejar de especular y demás. De nuevo, como en la devaluación de enero, como con el aumento de tasas de interés, como con el acuerdo de precios, parece que desde el gobierno y los proyectos políticos anti-populares que aplauden el acuerdo, se depositan las ilusiones de una Argentina inclusiva en  la voluntad de los empresarios.

El apremio por reimpulsar la acumulación en Argentina, ha llevado la discusión sobre la macroeconomía a una confluencia de discursos que parecían opuestos. Para todos ellos, los sectores populares aparecen como meros observadores.

(*)Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata / investigador del CONICET / Miembro del Centro de Estudios para le Cambio Social

 

El mundo señala a Chevron

Chevron

Por Laura Muñoz*

Artículo aparecido en el Notas, periodismo popular (21 de mayo de 2014)

El 21 de mayo se ha declarado alrededor del mundo como el día internacional “Antichevron”. Esta iniciativa, que fue impulsada inicialmente por organizaciones sociales de Ecuador, Argentina, Estados Unidos, Rumania y Nigeria, rápidamente fue contagiándose a otros países que se sienten amenazados por las prácticas de esta empresa. Son muchos los que denunciarán las prácticas abusivas, depredatorias, autoritarias y degradatorias que la empresa mantiene alrededor del mundo. Este miércoles más de 20 ciudades en el mundo le dirán No a Chevron.

En Argentina dos lugares serán las sede de las actividades que se llevarán a cabo para mostrar el rechazo a la llegada de Chevron a explotar yacimientos no convencionales en la formación Vaca Muerta: la Ciudad de Buenos Aires y Neuquén capital. La gente se reunirá para rechazar el saqueo que implica el acuerdo entre el Gobierno Nacional e YPF con Chevron, la violación de los derechos colectivos de la Comunidad mapuche Campo Maripe y la utilización de la cuestionada técnica del fracking, que multiplica los riesgos de contaminación del territorio.

¿Qué es Chevron?

Chevron es una empresa estadounidense que se dedica principalmente a la exploración y producción de petróleo y gas natural. Habiendo tenido una ganancia de alrededor de 262 mil millones de dólares durante el 2013, se ubica en el tercer lugar en el ranking de las corporaciones más grandes de Estados Unidos.

Además de ser conocida por sus amplias ganancias, se la reconoce por su forma de operar que, a decir verdad, es moneda corriente en casi todas las empresas del rubro. Sus operaciones se caracterizan por generar, en cada uno de los países en los que se ha desarrollado, excesivos daños en el ambiente y  abusos a las comunidades locales.

Dentro de su historial  de contaminación y violación de derechos humanos, podemos enumerar más de 20 países, incluida Argentina. El caso de Ecuador es el más significativo por la magnitud del daño. Aquí, tanto los pueblos originarios amazónicos como el gobierno de este país denunciaron a la empresa (en su momento Texaco) por los gravísimos daños ambientales producidos entre 1964 y 1990 en la zona de Lago Agrio, que dejaron como saldo nada más y nada menos que unas 500.000 hectáreas contaminadas y envenenadas en la selva Amazónica, provocando el mayor impacto ambiental de la historia.

En Estados Unidos -país precursor en el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales- el accionar de la refinería de California ha generado innumerables casos de cáncer, enfermedades cardiovasculares y respiratorias, aún más importantes luego de la explosión que se produjo a mediados del 2012 en una de sus refinerías.

Nigeria vivió una situación similar a la de Ecuador, pero de menor impacto. Aun así es llamada “la capital mundial de contaminación por petróleo” y al menos la mitad de los residentes de la zona, no poseen acceso a agua limpia.

Por su similitud con el caso argentino, resulta paradigmático lo sucedido en Rumania. Siendo este un país que tiene un gran porcentaje de las reservas de shale del continente europeo, Chevron se vinculó con el Estado para poder operar, ya que sus licencias de explotación violaban acuerdos nacionales y, frente a la movilización masiva de la población que repudiaba al fracking, la respuesta fue represión de la fuerza pública. A pesar de esto, el rechazo popular logró parar momentáneamente sus operaciones.

Argentina, al igual que Rumania, busca ser la punta de lanza en el continente en explotación de shale gas, con la excusa del autoabastecimiento energético. Y, al igual que en Rumania, Chevron aparece asociada al Estado Nacional. Fueron muchas las condiciones que impuso la multinacional para asociarse con YPF. Primero exigió que se levantara el embargo que Ecuador le había impuesto por el desastre que había producido en la Amazonia, cuestión que la Corte Suprema de nuestro país rápidamente supo cumplir, previa solicitud de la procuraduría de La Nación. A esto agregó una serie de exenciones impositivas y otros beneficios fiscales, buscando maximizar sus ganancias.

Chevron reaparece en la historia hidrocarburífera argentina de una manera más que controvertida. Previa represión a miles de manifestantes en la puerta de la legislatura neuquina cuando se votaba el acuerdo, ahora tiene el escenario libre para desarrollar, en asociación con YPF, la tan repudiada técnica del fracking de manera intensiva.

Por estos días se presentó una denuncia en la Justicia para se investigue el acuerdo que YPF firmó con Chevron, ya que el mismo beneficia a la empresa norteamericana en detrimento de los intereses nacionales. Mientras tanto, generaciones de argentinos cargaran con la destrucción del ambiente y la vida, y con la violación de los derechos colectivos de nuestro pueblo.

En Francia, Bulgaria, Ecuador, algunos Estados de Estados Unidos, comunidades de España y Canadá, Australia y Sudáfrica y otras regiones del mundo ya interpretaron las consecuencias de estas explotaciones y prohibieron el accionar de Chevron y el fracking.

 * Licenciada en Economía. Integrante del Centro de Estudios para el Cambio Social.

¿Cómo paga Scioli el aguinaldo?

[nota aparecida en marcha.org.ar el 5 de julio de 2013]

Por Ernesto Villar*. Con el mes de julio se acerca el pago del medio aguinaldo y se acrecientan las dudas sobre su cobro para los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el gobierno tiene el año 2013 cerrado financieramente, de manera que podría afrontar dichas erogaciones sin mayores inconvenientes.

Si bien la concreción del pago de los salarios no puede considerarse un éxito, los funcionarios de la provincia lo mencionan como un logro de su gestión, teniendo en cuenta los atrasos que se produjeron un año atrás y considerando que la provincia no recibió asistencia financiera del gobierno nacional durante el 2013.

Ahora bien, la pregunta que surge en este punto es saber cómo Buenos Aires pudo producir el milagro de revertir su déficit estructural sin una reforma fiscal de fondo. Analizando las políticas implementadas en los últimos meses, junto con las condiciones macroeconómicas, encontraremos las respuestas.

El primer punto a mencionar corresponde a la política salarial determinada para el año. La misma implicó un aumento nominal promedio para los trabajadores de las distintas jurisdicciones de la provincia del orden del 12,5% en marzo, 8% en septiembre y 1% en diciembre. Ello arroja un incremento acumulado del 24,5% con relación a los sueldos de febrero de 2013, pero que se termina de concretar con los sueldos de diciembre de 2013, pagaderos en enero de 2014.

De esta manera, si consideramos los ingresos totales del año 2013, un trabajador de la provincia, en promedio, percibirá una remuneración sólo un 14,5% mayor a la percibida en todo el 2012. Teniendo en cuenta que la inflación rondaría el 20%, los salarios de los trabajadores sufrirían un ajuste en su poder adquisitivo superior al 5% durante el año.

La situación en términos de planes sociales es más preocupante aun. Los mismos se pagan con retrasos de varios meses y en muchos casos se encuentran congelados hace al menos 2 años, lo cual implica un ajuste cercano al 50% si se considera el efecto de la suba de precios. Entre los programas más importantes que ejecuta la provincia se encuentra el Programa de Seguridad Alimentaria, por el cual se proveen viandas principalmente en comedores escolares. Ello significa que los servicios que prestan dichos comedores se redujeron a la mitad con relación a dos años atrás.

Por otra parte, la inversión pública se encuentra virtualmente paralizada. Esto no hace referencia únicamente a nuevas obras sino también al mantenimiento de hospitales, escuelas y rutas, entre otras. Sumado a ello, el retraso en los pagos a proveedores del Estado se ve reflejado en la falta de insumos en los centros de salud, tornando la situación muy delicada.

Como contrapartida del ajuste mencionado, la recaudación provincial, de la mano de la inflación, crece a tasas interanuales superiores al 25%. De esta manera, esta combinación de políticas económicas, junto con las condiciones macroeconómicas de elevada suba de precios, es la que permite hacer frente al déficit estructural y poder cumplir en tiempo y forma con el próximo pago del medio aguinaldo.

Por lo tanto, en lugar de atacar las causas de fondo que explican los desequilibrios fiscales de Buenos Aires a través de una reforma progresista en su estructura tributaria y en el reclamo de mayores transferencias de Nación, el gobierno provincial sigue cubriendo su brecha presupuestaria con el ajuste que sufren los trabajadores y los sectores de menores recursos de la provincia.

* Miembro del equipo de Economía Política del Centro de Estudios para el Cambio Social (CECSO)

Inflación y puja: ¿quién paga los platos rotos?

Nota aparecida en Página/12, 15 de abril de 2013 (http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-218026-2013-04-15.html)

Por Federico Sage *

En las últimas semanas regresó al debate la polémica sobre la inflación. Varios artículos en éste y otros medios parten de perspectivas heterodoxas rehuyendo a la tradicional explicación liberal que sostiene que la inflación es un fenómeno monetario causado por el exceso de emisión de dinero. Va de suyo que se oponen a recetas ortodoxas como una política monetaria o fiscal restrictiva. Más allá de su coincidencia en la crítica a la ortodoxia, ellos tienen visiones disímiles respecto de las causas (estabilización de la moneda, oligopolios, puja distributiva) y por ello en las posibles políticas de contención de la inflación en la etapa (superávit fiscal y acumulación de reservas, tipo de cambio “competitivo”, regulación de oligopolios, incentivos a la demanda y a la inversión).

Entendemos que esos argumentos deben analizarse integralmente, conciliando una interpretación que incluya los variados elementos que contribuyen a caracterizar la problemática inflacionaria en América latina, en una economía periférica y dependiente como la nuestra. Debemos distinguir entre los factores estructurales y los mecanismos de propagación en términos inerciales y coyunturales, diferenciando el origen de la tendencia inflacionaria de los elementos que la intensifican y potencian.

En primer lugar, cabe considerar que con la devaluación de 2002 se generó una masiva transferencia de ingresos desde el trabajo hacia el capital, logrando que se multiplicaran las ganancias empresariales con un “colchón” de capacidad ociosa que permitió la recuperación salarial real hasta 2006-2007, al precio de acentuar cuellos de botella sectoriales en la producción e intensificar la puja distributiva.

Durante este período, la economía se reconfiguró para consolidar un modelo productivo ajustado al denominado Consenso de los Commodities: una reedición neodesarrollista del perfil exportador primarizado con un avance en las manufacturas vinculadas directamente a los recursos naturales (agronegocios, hibrocarburos y minería). Este perfil histórico de inserción internacional de las economías latinoamericanas exportadoras de recursos naturales se basa en una renta alta de la tierra que genera una presión al alza de los precios de la producción agropecuaria y por ende de los alimentos. A esto se le suma en los últimos años el efecto de la coyuntura internacional: el alza de los precios de los commodities debido a la creciente demanda por parte de los Brics y a la especulación financiera que se trasladó al sector, con los capitales que escaparon del mercado inmobiliario en la crisis de 2008.

A partir de 2007 operó una aceleración de los precios de los commodities y la energía, combinada con minidevaluaciones, financiamiento del Tesoro vía BCRA e impulsos a la demanda agregada a través de políticas como la AUH y la estatización del régimen previsional. Este conjunto de efectos funcionó como mecanismo de propagación de las tensiones estructurales que sufre una economía dependiente sin modificaciones significativas de su matriz productiva en los últimos años: una restricción externa producto de la necesidad creciente de importaciones para la producción industrial local y una oferta ajustada a la demanda de mercancías exportables, inflexible ante las necesidades internas.

Entonces, la presión inflacionaria no encuentra el punto de partida en mecanismos institucionales o dinámicos, sino en una matriz productiva exportadora primarizada que cotiza la renta de la tierra en función del dólar y el precio de los commodities (factor estructural). Partiendo de esta base, el mecanismo que impulsa cíclicamente la inflación es la disputa por el excedente entre fracciones del capital y la puja salarial entre empresarios y trabajadores. Este a la vez se convierte en factor estructural en nuestra economía por el simple hecho de que el salario real del pueblo trabajador y su participación en el PBI quedan sistemáticamente subordinados a una alta tasa de ganancias por parte de los capitalistas y su capacidad de apropiación del excedente. No hay dato más contundente que el estancamiento del salario real a partir del 2007, a la par de un incesante aumento del precio de los commodities y altas tasas de ganancias beneficiadas por la licuación de los costos salariales a través del proceso inflacionario que inicia su carrera en estos años.

En síntesis, la inflación no es sino un aspecto particular del fenómeno mucho más general de la lucha de clases. A 11 años del 2001, los costos laborales de la economía siguen deprimidos, en un piso históricamente bajo. La inflación opera como parte de una estrategia regresiva de distintos sectores del capital y por ello sólo puede ser combatida a través de la organización del pueblo trabajador que cristalice sus demandas en un Estado regulador.

Visto que toda propuesta de bajar la inflación implica una suma cero, con ganadores y perdedores, entendemos que la problemática tiene que ser encarada con una estrategia que priorice la distribución de ingresos hacia los sectores populares que están siendo afectados por el deterioro en el poder adquisitivo de sus ingresos.

Mientras la dinámica de crecimiento y puja continúe –y asumiendo que la matriz productiva concentrada y extranjerizada lo hará por un buen tiempo si no se toman medidas al respecto– la eliminación de la inflación es una quimera. Mientras tanto, pueden establecerse algunas medidas para atenuar la inercia inflacionaria y proteger a la clase que vive del trabajo: masificación de centros de consumo a precios regulados como los del Mercado Central (tipo Mercales en Venezuela), producción estatal y/o colectiva de bienes-salario (agropecuarios y manufacturas de consumo básico), estatización del comercio exterior para recaudar y controlar los precios internos, y fuerte regulación de oligopolios en el sector productor de alimentos.

* Economista – Miembro del Equipo de Economía Política del Centro de Estudios para el Cambio Social (Cecso).

Economía política de la dictadura, miseria planificada y neodesarrollismo

La muerte de José Martínez de Hoz, ministro de economía durante la última dictadura militar, en una fecha tan próxima al 24 de marzo, impone realizar una nueva mirada a las consecuencias económicas de la misma. El proyecto económico político de las fuerzas armadas no fue sólo de ellas, sino también el de las clases dominantes. Su intención era reconvertir a la Argentina en una nueva plataforma de producción y reproducción del capital en la periferia del mundo. Para ello debieron impulsar lo que Rodolfo Walsh denominó la “miseria planificada”, buscando destruir las bases sociales y políticas de cualquier oposición a su proyecto (encarnación del neoliberalismo en el país). Junto a la persecución, asesinato y desaparición de miles de activistas, el proyecto económico de las clases dominantes requirió avanzar con la reestructuración global del sistema productivo en la Argentina, desarticulando las formas tradicionales de organización de los/as trabajadores y promoviendo un sentido común que favoreciese el individualismo.

A 37 años del golpe de Estado, sus consecuencias sociales son aún visibles en la precarización extrema de la vida y el trabajo, y la expansión sin límites del saqueo de todo aquello que es común a todos (nuestras riquezas naturales, servicios públicos, salud y educación, nuestro tiempo de vida): la mitad de los/as asalariados no están registrados en la seguridad social, una proporción aún mayor de los/as trabajadores recibe ingresos por debajo de la canasta familiar, mientras casi 20% de los hogares son pobres por su nivel de ingresos; los servicios públicos enfrentan un persistente deterioro (aun en aquellos casos en que han sido re-estatizados); la educación y la salud públicas sufren un abandono tal que muchas familias huyen hacia sistemas privados costosos e insatisfactorios.

Ese ha sido el principal resultado del proyecto conducido en su origen por un gobierno dictatorial, pero continuado y profundizado por los gobiernos electos que lo sucedieron. El plan original era impulsar un proyecto de capitalismo periférico bajo la conducción del gran capital trasnacional (local y extranjero), subordinado regionalmente al proyecto subimperialista de Brasil y apoyado en la articulación del saqueo de las riquezas naturales (soja, hidrocarburos, minerales, etc.) y sus manufacturas (aceites, harinas, lingotes, etc.). Hoy ese capital controla la mayor parte del aparato productivo del país y la Argentina se ha convertido como nunca antes en una plataforma de exportación de “commodities” poco elaboradas. El 2/3 de la tierra fértil está sembrada con soja y casi toda se exporta, desplazando y encareciendo a otras producciones destinadas al consumo popular. El país se ha convertido en gran exportador de oro, al costo de la destrucción y contaminación de cerros y montañas. De la mano de la re-estatizada YPF, nos encaminamos a convertirnos en una potencia petrolera desechando la oportunidad de avanzar en un cambio en la matriz energética y con técnicas de explotación (“fracking”) que ponen en riesgo la calidad del agua y el suelo.

Continuando el proyecto de la dictadura en la actualidad y promovido por las fuerzas políticas que conducen y han conducido el Estado, el gran capital avanza con la sojización y la explotación minera contaminantes. Se profundiza un modelo de desarrollo donde los impuestos al consumo sostienen gigantescas masas de subsidios a las empresas transnacionales y las actividades que destruyen al medioambiente y el capital financiero siguen pagando poco y nada de impuestos. La deuda externa -ilegítima e ilegal- sigue siendo pagada sin discusión con el esfuerzo del pueblo trabajador. El proyecto de la dictadura persiste en nuestras ciudades donde los pobres son expulsados por los altos precios de las propiedades y los alquileres, mientras los ricos se encierran en sus barrios privados, pagando impuestos como si fueran terrenos baldíos. La inversión pública en ciencia y tecnología se orienta cada vez más claramente hacia la solución de los problemas de las grandes empresas antes que a la búsqueda de soluciones a los problemas colectivos.

A casi cuatro décadas, la economía política de la dictadura sigue penetrando la estructura social y productiva de nuestro país. Bajo un lenguaje distinto (neodesarrollista), las grandes empresas siguen siendo colocadas como los actores privilegiados en la estrategia de desarrollo económico. A contrapelo de lo que viene ocurriendo en los países del ALBA en la región Suramericana (Venezuela, Bolivia y Ecuador), en Argentina el pueblo trabajador continúa siendo relegado a acompañar un modelo de desarrollo que privilegia el crecimiento económico para la exportación y nos condena a ser furgón de cola del subimperialismo brasileño (y crecientemente de China). Las fuerzas políticas en el gobierno (acompañando el proyecto de las clases dominantes) pretenden que las legítimas demandas populares de mayor democracia económica y una participación real y protagónica, sean postergadas indefinidamente a la espera del prometido “derrame” del crecimiento económico. De allí que las demandas de mejores salarios y condiciones de trabajo sean sistemáticamente bloqueadas con exigencias de “moderación” y “racionalidad”.

Frente al proyecto que encarnó la dictadura, un proyecto de capitalismo en serio conducido por las grandes corporaciones capitalistas (del campo, la industria, los servicios, y las finanzas), desde los sectores populares -tras décadas de resistencia- se avanza en la conformación de alternativas para una economía política del pueblo trabajador. Esa alternativa permitirá aportar elementos para la conformación de una opción política que nos permita avanzar en el sueño de los pueblos de nuestraamérica, de nuestros/as compañeros de lucha, en el proyecto del socialismo bolivariano para el buen vivir.

Límites del neodesarrollismo

[Publicada en Página/12, 4 de Febrero de 2013; http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-213204-2013-02-04.html ]

Por Equipo de Economía Política del Cecso *

El proyecto neodesarrollista en la Argentina atravesó dos grandes etapas. En el primer lustro se produjo un proceso de recuperación productiva y distributiva, en que el Estado recuperó su capacidad hegemónica reconstruyendo la legitimidad del proceso social de acumulación de capital. Con contradicciones, las clases dominantes recrearon las expectativas de un desarrollo capitalista “exitoso”. Ese proceso comenzó a encontrar sus límites a partir de 2007: el proceso de recuperación industrial se frena (la participación de la industria en el PBI se estanca), la inflación elevada comienza a estancar el progreso de los ingresos populares y las dificultades del Estado para avanzar en la democratización del acceso a los recursos económicos se hacen manifiestas. A pesar de algunas medidas económicas importantes (reestatización del sistema previsional, Asignación Universal por Hijo), el “modelo” muestra su incapacidad de combinar la acumulación de capital con una inclusión social creciente (límites a la negociación salarial, persistencia de una política tributaria regresiva).

El modelo de crecimiento basado en la extracción de las riquezas naturales (minería, soja, hidrocarburos) y el control del gran capital transnacional impide avanzar en un proceso de industrialización que produzca bienes y servicios de consumo popular y reduzca el número de puestos de trabajo no precarizados. Por un lado, esa política supone concentrar los recursos económicos (y las ganancias) en la producción para la exportación (y ramas vinculadas), negando la posibilidad de dedicar suficientes recursos a la producción para el consumo popular. Por otra parte, la mayoría de las ramas industriales busca mantener su competitividad sobre la base de la precarización del empleo y sosteniendo una política inflacionaria para devaluar los salarios. En una economía excesivamente abierta y ubicada como proveedora de insumos para potencias industriales periféricas (Brasil, China e India), la reindustrialización se bloquea.

Este proyecto de desarrollo es enmarcado en el plano ideológico a través de la construcción discursiva de una nueva alianza nacional-popular que busca defender esas bases estructurales. Ante la ausencia de la arquetípica burguesía nacional, esa alianza tiene como actor privilegiado al gran capital transnacionalizado (GCT) que –junto a un pequeño grupo de capitalistas “nacionales” amigos– son apoyados con subsidios, exenciones impositivas, obras de infraestructura, una política exterior y de integración funcional a sus intereses, etcétera. El pueblo aparece como actor secundario, siendo convocado a apoyar, sin participar en su ejecución ni diseño, un proyecto de desarrollo que subordina la inclusión social a las necesidades de la acumulación.

Las fuerzas políticas dominantes otorgan primacía al GCT como agente dinámico. Esa es la principal traba para desarrollar un programa de inclusión social radical que suponga la participación popular activa en la democratización de la producción y apropiación de la riqueza social.

Ese programa supondría al menos tres reformas –en el contexto actual– revolucionarias. Primero, avanzar en una reforma impositiva que comience por gravar la renta extraordinaria minera, sojera, hidrocarburífera y financiera, en particular aquella apropiada por el gran capital transnacional. Esa política debería ir acompañada de eliminación de los subsidios al gran capital y una reforma en el impuesto a los ingresos (“ganancias”) que desgrave los salarios y aumente la carga global sobre las grandes rentas.

Esa reforma permitiría avanzar en el segundo pilar del programa que supondría concentrar la inversión pública en obras de infraestructura ligadas a los servicios públicos de consumo popular (transporte, energía, hospitales, escuelas) y la reconstrucción del hábitat urbano en los barrios populares. Este cambio en la política fiscal permitiría promover la producción masiva de bienes y servicios de producción nacional destinados a la satisfacción de esas necesidades populares.

En tercer lugar se debe avanzar en un proceso de reformulación de la inserción regional y global del país, privilegiando una integración de base cooperativa, complementaria y equilibrada (tipo ALBA) en lugar de una asociación subordinada al subimperialismo brasileño y chino. El cambio en la política fiscal y la estrategia de integración permitirían avanzar en un proceso de industrialización orientado a la satisfacción de las necesidades populares.

Avanzar en un proyecto de desarrollo incluyente requiere alterar las alianzas sociales hoy dominantes, para ubicar los intereses del pueblo y su participación activa como eje director de un programa de redistribución radical de la producción y apropiación de la riqueza.

* Centro de Estudios para el Cambio Social. Correo electrónico:cecso.argentina.2011@gmail.com

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