¿Cómo paga Scioli el aguinaldo?

[nota aparecida en marcha.org.ar el 5 de julio de 2013]

Por Ernesto Villar*. Con el mes de julio se acerca el pago del medio aguinaldo y se acrecientan las dudas sobre su cobro para los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el gobierno tiene el año 2013 cerrado financieramente, de manera que podría afrontar dichas erogaciones sin mayores inconvenientes.

Si bien la concreción del pago de los salarios no puede considerarse un éxito, los funcionarios de la provincia lo mencionan como un logro de su gestión, teniendo en cuenta los atrasos que se produjeron un año atrás y considerando que la provincia no recibió asistencia financiera del gobierno nacional durante el 2013.

Ahora bien, la pregunta que surge en este punto es saber cómo Buenos Aires pudo producir el milagro de revertir su déficit estructural sin una reforma fiscal de fondo. Analizando las políticas implementadas en los últimos meses, junto con las condiciones macroeconómicas, encontraremos las respuestas.

El primer punto a mencionar corresponde a la política salarial determinada para el año. La misma implicó un aumento nominal promedio para los trabajadores de las distintas jurisdicciones de la provincia del orden del 12,5% en marzo, 8% en septiembre y 1% en diciembre. Ello arroja un incremento acumulado del 24,5% con relación a los sueldos de febrero de 2013, pero que se termina de concretar con los sueldos de diciembre de 2013, pagaderos en enero de 2014.

De esta manera, si consideramos los ingresos totales del año 2013, un trabajador de la provincia, en promedio, percibirá una remuneración sólo un 14,5% mayor a la percibida en todo el 2012. Teniendo en cuenta que la inflación rondaría el 20%, los salarios de los trabajadores sufrirían un ajuste en su poder adquisitivo superior al 5% durante el año.

La situación en términos de planes sociales es más preocupante aun. Los mismos se pagan con retrasos de varios meses y en muchos casos se encuentran congelados hace al menos 2 años, lo cual implica un ajuste cercano al 50% si se considera el efecto de la suba de precios. Entre los programas más importantes que ejecuta la provincia se encuentra el Programa de Seguridad Alimentaria, por el cual se proveen viandas principalmente en comedores escolares. Ello significa que los servicios que prestan dichos comedores se redujeron a la mitad con relación a dos años atrás.

Por otra parte, la inversión pública se encuentra virtualmente paralizada. Esto no hace referencia únicamente a nuevas obras sino también al mantenimiento de hospitales, escuelas y rutas, entre otras. Sumado a ello, el retraso en los pagos a proveedores del Estado se ve reflejado en la falta de insumos en los centros de salud, tornando la situación muy delicada.

Como contrapartida del ajuste mencionado, la recaudación provincial, de la mano de la inflación, crece a tasas interanuales superiores al 25%. De esta manera, esta combinación de políticas económicas, junto con las condiciones macroeconómicas de elevada suba de precios, es la que permite hacer frente al déficit estructural y poder cumplir en tiempo y forma con el próximo pago del medio aguinaldo.

Por lo tanto, en lugar de atacar las causas de fondo que explican los desequilibrios fiscales de Buenos Aires a través de una reforma progresista en su estructura tributaria y en el reclamo de mayores transferencias de Nación, el gobierno provincial sigue cubriendo su brecha presupuestaria con el ajuste que sufren los trabajadores y los sectores de menores recursos de la provincia.

* Miembro del equipo de Economía Política del Centro de Estudios para el Cambio Social (CECSO)

Inflación y puja: ¿quién paga los platos rotos?

Nota aparecida en Página/12, 15 de abril de 2013 (http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-218026-2013-04-15.html)

Por Federico Sage *

En las últimas semanas regresó al debate la polémica sobre la inflación. Varios artículos en éste y otros medios parten de perspectivas heterodoxas rehuyendo a la tradicional explicación liberal que sostiene que la inflación es un fenómeno monetario causado por el exceso de emisión de dinero. Va de suyo que se oponen a recetas ortodoxas como una política monetaria o fiscal restrictiva. Más allá de su coincidencia en la crítica a la ortodoxia, ellos tienen visiones disímiles respecto de las causas (estabilización de la moneda, oligopolios, puja distributiva) y por ello en las posibles políticas de contención de la inflación en la etapa (superávit fiscal y acumulación de reservas, tipo de cambio “competitivo”, regulación de oligopolios, incentivos a la demanda y a la inversión).

Entendemos que esos argumentos deben analizarse integralmente, conciliando una interpretación que incluya los variados elementos que contribuyen a caracterizar la problemática inflacionaria en América latina, en una economía periférica y dependiente como la nuestra. Debemos distinguir entre los factores estructurales y los mecanismos de propagación en términos inerciales y coyunturales, diferenciando el origen de la tendencia inflacionaria de los elementos que la intensifican y potencian.

En primer lugar, cabe considerar que con la devaluación de 2002 se generó una masiva transferencia de ingresos desde el trabajo hacia el capital, logrando que se multiplicaran las ganancias empresariales con un “colchón” de capacidad ociosa que permitió la recuperación salarial real hasta 2006-2007, al precio de acentuar cuellos de botella sectoriales en la producción e intensificar la puja distributiva.

Durante este período, la economía se reconfiguró para consolidar un modelo productivo ajustado al denominado Consenso de los Commodities: una reedición neodesarrollista del perfil exportador primarizado con un avance en las manufacturas vinculadas directamente a los recursos naturales (agronegocios, hibrocarburos y minería). Este perfil histórico de inserción internacional de las economías latinoamericanas exportadoras de recursos naturales se basa en una renta alta de la tierra que genera una presión al alza de los precios de la producción agropecuaria y por ende de los alimentos. A esto se le suma en los últimos años el efecto de la coyuntura internacional: el alza de los precios de los commodities debido a la creciente demanda por parte de los Brics y a la especulación financiera que se trasladó al sector, con los capitales que escaparon del mercado inmobiliario en la crisis de 2008.

A partir de 2007 operó una aceleración de los precios de los commodities y la energía, combinada con minidevaluaciones, financiamiento del Tesoro vía BCRA e impulsos a la demanda agregada a través de políticas como la AUH y la estatización del régimen previsional. Este conjunto de efectos funcionó como mecanismo de propagación de las tensiones estructurales que sufre una economía dependiente sin modificaciones significativas de su matriz productiva en los últimos años: una restricción externa producto de la necesidad creciente de importaciones para la producción industrial local y una oferta ajustada a la demanda de mercancías exportables, inflexible ante las necesidades internas.

Entonces, la presión inflacionaria no encuentra el punto de partida en mecanismos institucionales o dinámicos, sino en una matriz productiva exportadora primarizada que cotiza la renta de la tierra en función del dólar y el precio de los commodities (factor estructural). Partiendo de esta base, el mecanismo que impulsa cíclicamente la inflación es la disputa por el excedente entre fracciones del capital y la puja salarial entre empresarios y trabajadores. Este a la vez se convierte en factor estructural en nuestra economía por el simple hecho de que el salario real del pueblo trabajador y su participación en el PBI quedan sistemáticamente subordinados a una alta tasa de ganancias por parte de los capitalistas y su capacidad de apropiación del excedente. No hay dato más contundente que el estancamiento del salario real a partir del 2007, a la par de un incesante aumento del precio de los commodities y altas tasas de ganancias beneficiadas por la licuación de los costos salariales a través del proceso inflacionario que inicia su carrera en estos años.

En síntesis, la inflación no es sino un aspecto particular del fenómeno mucho más general de la lucha de clases. A 11 años del 2001, los costos laborales de la economía siguen deprimidos, en un piso históricamente bajo. La inflación opera como parte de una estrategia regresiva de distintos sectores del capital y por ello sólo puede ser combatida a través de la organización del pueblo trabajador que cristalice sus demandas en un Estado regulador.

Visto que toda propuesta de bajar la inflación implica una suma cero, con ganadores y perdedores, entendemos que la problemática tiene que ser encarada con una estrategia que priorice la distribución de ingresos hacia los sectores populares que están siendo afectados por el deterioro en el poder adquisitivo de sus ingresos.

Mientras la dinámica de crecimiento y puja continúe –y asumiendo que la matriz productiva concentrada y extranjerizada lo hará por un buen tiempo si no se toman medidas al respecto– la eliminación de la inflación es una quimera. Mientras tanto, pueden establecerse algunas medidas para atenuar la inercia inflacionaria y proteger a la clase que vive del trabajo: masificación de centros de consumo a precios regulados como los del Mercado Central (tipo Mercales en Venezuela), producción estatal y/o colectiva de bienes-salario (agropecuarios y manufacturas de consumo básico), estatización del comercio exterior para recaudar y controlar los precios internos, y fuerte regulación de oligopolios en el sector productor de alimentos.

* Economista – Miembro del Equipo de Economía Política del Centro de Estudios para el Cambio Social (Cecso).

Economía política de la dictadura, miseria planificada y neodesarrollismo

La muerte de José Martínez de Hoz, ministro de economía durante la última dictadura militar, en una fecha tan próxima al 24 de marzo, impone realizar una nueva mirada a las consecuencias económicas de la misma. El proyecto económico político de las fuerzas armadas no fue sólo de ellas, sino también el de las clases dominantes. Su intención era reconvertir a la Argentina en una nueva plataforma de producción y reproducción del capital en la periferia del mundo. Para ello debieron impulsar lo que Rodolfo Walsh denominó la “miseria planificada”, buscando destruir las bases sociales y políticas de cualquier oposición a su proyecto (encarnación del neoliberalismo en el país). Junto a la persecución, asesinato y desaparición de miles de activistas, el proyecto económico de las clases dominantes requirió avanzar con la reestructuración global del sistema productivo en la Argentina, desarticulando las formas tradicionales de organización de los/as trabajadores y promoviendo un sentido común que favoreciese el individualismo.

A 37 años del golpe de Estado, sus consecuencias sociales son aún visibles en la precarización extrema de la vida y el trabajo, y la expansión sin límites del saqueo de todo aquello que es común a todos (nuestras riquezas naturales, servicios públicos, salud y educación, nuestro tiempo de vida): la mitad de los/as asalariados no están registrados en la seguridad social, una proporción aún mayor de los/as trabajadores recibe ingresos por debajo de la canasta familiar, mientras casi 20% de los hogares son pobres por su nivel de ingresos; los servicios públicos enfrentan un persistente deterioro (aun en aquellos casos en que han sido re-estatizados); la educación y la salud públicas sufren un abandono tal que muchas familias huyen hacia sistemas privados costosos e insatisfactorios.

Ese ha sido el principal resultado del proyecto conducido en su origen por un gobierno dictatorial, pero continuado y profundizado por los gobiernos electos que lo sucedieron. El plan original era impulsar un proyecto de capitalismo periférico bajo la conducción del gran capital trasnacional (local y extranjero), subordinado regionalmente al proyecto subimperialista de Brasil y apoyado en la articulación del saqueo de las riquezas naturales (soja, hidrocarburos, minerales, etc.) y sus manufacturas (aceites, harinas, lingotes, etc.). Hoy ese capital controla la mayor parte del aparato productivo del país y la Argentina se ha convertido como nunca antes en una plataforma de exportación de “commodities” poco elaboradas. El 2/3 de la tierra fértil está sembrada con soja y casi toda se exporta, desplazando y encareciendo a otras producciones destinadas al consumo popular. El país se ha convertido en gran exportador de oro, al costo de la destrucción y contaminación de cerros y montañas. De la mano de la re-estatizada YPF, nos encaminamos a convertirnos en una potencia petrolera desechando la oportunidad de avanzar en un cambio en la matriz energética y con técnicas de explotación (“fracking”) que ponen en riesgo la calidad del agua y el suelo.

Continuando el proyecto de la dictadura en la actualidad y promovido por las fuerzas políticas que conducen y han conducido el Estado, el gran capital avanza con la sojización y la explotación minera contaminantes. Se profundiza un modelo de desarrollo donde los impuestos al consumo sostienen gigantescas masas de subsidios a las empresas transnacionales y las actividades que destruyen al medioambiente y el capital financiero siguen pagando poco y nada de impuestos. La deuda externa -ilegítima e ilegal- sigue siendo pagada sin discusión con el esfuerzo del pueblo trabajador. El proyecto de la dictadura persiste en nuestras ciudades donde los pobres son expulsados por los altos precios de las propiedades y los alquileres, mientras los ricos se encierran en sus barrios privados, pagando impuestos como si fueran terrenos baldíos. La inversión pública en ciencia y tecnología se orienta cada vez más claramente hacia la solución de los problemas de las grandes empresas antes que a la búsqueda de soluciones a los problemas colectivos.

A casi cuatro décadas, la economía política de la dictadura sigue penetrando la estructura social y productiva de nuestro país. Bajo un lenguaje distinto (neodesarrollista), las grandes empresas siguen siendo colocadas como los actores privilegiados en la estrategia de desarrollo económico. A contrapelo de lo que viene ocurriendo en los países del ALBA en la región Suramericana (Venezuela, Bolivia y Ecuador), en Argentina el pueblo trabajador continúa siendo relegado a acompañar un modelo de desarrollo que privilegia el crecimiento económico para la exportación y nos condena a ser furgón de cola del subimperialismo brasileño (y crecientemente de China). Las fuerzas políticas en el gobierno (acompañando el proyecto de las clases dominantes) pretenden que las legítimas demandas populares de mayor democracia económica y una participación real y protagónica, sean postergadas indefinidamente a la espera del prometido “derrame” del crecimiento económico. De allí que las demandas de mejores salarios y condiciones de trabajo sean sistemáticamente bloqueadas con exigencias de “moderación” y “racionalidad”.

Frente al proyecto que encarnó la dictadura, un proyecto de capitalismo en serio conducido por las grandes corporaciones capitalistas (del campo, la industria, los servicios, y las finanzas), desde los sectores populares -tras décadas de resistencia- se avanza en la conformación de alternativas para una economía política del pueblo trabajador. Esa alternativa permitirá aportar elementos para la conformación de una opción política que nos permita avanzar en el sueño de los pueblos de nuestraamérica, de nuestros/as compañeros de lucha, en el proyecto del socialismo bolivariano para el buen vivir.

Límites del neodesarrollismo

[Publicada en Página/12, 4 de Febrero de 2013; http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-213204-2013-02-04.html ]

Por Equipo de Economía Política del Cecso *

El proyecto neodesarrollista en la Argentina atravesó dos grandes etapas. En el primer lustro se produjo un proceso de recuperación productiva y distributiva, en que el Estado recuperó su capacidad hegemónica reconstruyendo la legitimidad del proceso social de acumulación de capital. Con contradicciones, las clases dominantes recrearon las expectativas de un desarrollo capitalista “exitoso”. Ese proceso comenzó a encontrar sus límites a partir de 2007: el proceso de recuperación industrial se frena (la participación de la industria en el PBI se estanca), la inflación elevada comienza a estancar el progreso de los ingresos populares y las dificultades del Estado para avanzar en la democratización del acceso a los recursos económicos se hacen manifiestas. A pesar de algunas medidas económicas importantes (reestatización del sistema previsional, Asignación Universal por Hijo), el “modelo” muestra su incapacidad de combinar la acumulación de capital con una inclusión social creciente (límites a la negociación salarial, persistencia de una política tributaria regresiva).

El modelo de crecimiento basado en la extracción de las riquezas naturales (minería, soja, hidrocarburos) y el control del gran capital transnacional impide avanzar en un proceso de industrialización que produzca bienes y servicios de consumo popular y reduzca el número de puestos de trabajo no precarizados. Por un lado, esa política supone concentrar los recursos económicos (y las ganancias) en la producción para la exportación (y ramas vinculadas), negando la posibilidad de dedicar suficientes recursos a la producción para el consumo popular. Por otra parte, la mayoría de las ramas industriales busca mantener su competitividad sobre la base de la precarización del empleo y sosteniendo una política inflacionaria para devaluar los salarios. En una economía excesivamente abierta y ubicada como proveedora de insumos para potencias industriales periféricas (Brasil, China e India), la reindustrialización se bloquea.

Este proyecto de desarrollo es enmarcado en el plano ideológico a través de la construcción discursiva de una nueva alianza nacional-popular que busca defender esas bases estructurales. Ante la ausencia de la arquetípica burguesía nacional, esa alianza tiene como actor privilegiado al gran capital transnacionalizado (GCT) que –junto a un pequeño grupo de capitalistas “nacionales” amigos– son apoyados con subsidios, exenciones impositivas, obras de infraestructura, una política exterior y de integración funcional a sus intereses, etcétera. El pueblo aparece como actor secundario, siendo convocado a apoyar, sin participar en su ejecución ni diseño, un proyecto de desarrollo que subordina la inclusión social a las necesidades de la acumulación.

Las fuerzas políticas dominantes otorgan primacía al GCT como agente dinámico. Esa es la principal traba para desarrollar un programa de inclusión social radical que suponga la participación popular activa en la democratización de la producción y apropiación de la riqueza social.

Ese programa supondría al menos tres reformas –en el contexto actual– revolucionarias. Primero, avanzar en una reforma impositiva que comience por gravar la renta extraordinaria minera, sojera, hidrocarburífera y financiera, en particular aquella apropiada por el gran capital transnacional. Esa política debería ir acompañada de eliminación de los subsidios al gran capital y una reforma en el impuesto a los ingresos (“ganancias”) que desgrave los salarios y aumente la carga global sobre las grandes rentas.

Esa reforma permitiría avanzar en el segundo pilar del programa que supondría concentrar la inversión pública en obras de infraestructura ligadas a los servicios públicos de consumo popular (transporte, energía, hospitales, escuelas) y la reconstrucción del hábitat urbano en los barrios populares. Este cambio en la política fiscal permitiría promover la producción masiva de bienes y servicios de producción nacional destinados a la satisfacción de esas necesidades populares.

En tercer lugar se debe avanzar en un proceso de reformulación de la inserción regional y global del país, privilegiando una integración de base cooperativa, complementaria y equilibrada (tipo ALBA) en lugar de una asociación subordinada al subimperialismo brasileño y chino. El cambio en la política fiscal y la estrategia de integración permitirían avanzar en un proceso de industrialización orientado a la satisfacción de las necesidades populares.

Avanzar en un proyecto de desarrollo incluyente requiere alterar las alianzas sociales hoy dominantes, para ubicar los intereses del pueblo y su participación activa como eje director de un programa de redistribución radical de la producción y apropiación de la riqueza.

* Centro de Estudios para el Cambio Social. Correo electrónico:cecso.argentina.2011@gmail.com

Hay una crisis fiscal

[Publicada en Página/12, 14 de Enero de 2013; http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-211792-2013-01-14.html ]

Por Mariano Feliz *

Los retrasos en el pago del medio aguinaldo y los posteriores ajustes en distintas reparticiones públicas evidenciaron que la provincia de Buenos Aires atraviesa una crisis fiscal. Si bien desde el gobierno provincial se pretende presentarla como una crisis coyuntural vinculada con la recesión internacional, los problemas financieros tienen una gravedad más profunda, que sólo puede ser superada con reformas fiscales redistributivas de fondo.

La Ley de Coparticipación, de 1988, la transferencia de la educación a la órbita provincial en 1992 y la asignación de recursos para financiar el sistema previsional nacional en la década del ’90 significaron una pérdida de ingresos y mayores responsabilidades de servicios para Buenos Aires. De esta manera se creó una configuración fiscal para la provincia que consolida un esquema presupuestario estructuralmente deficitario, lo que trae aparejado que los servicios de educación, salud y seguridad no puedan ser prestados de manera digna para sus trabajadores y para los sectores populares, principales beneficiarios de dichos servicios básicos.

Bajo este marco, los diferentes gobiernos fueron implementando distintas medidas para poder continuar gestionando la provincia. Sin embargo, éstas generalmente cargaron el esfuerzo en los sectores de menores recursos y nunca constituyeron una solución de fondo a la situación.

La colocación de deuda en el mercado financiero internacional, la emisión de patacones y las transferencias del gobierno nacional fueron algunas de estas medidas, las cuales estuvieron acompañadas por una creciente precarización laboral, políticas de ajuste en los ya insuficientes programas sociales y deficientes servicios de salud, y un incremento en los impuestos regresivos.

De esta manera, los últimos gobiernos de Buenos Aires aplican una política de ajuste permanente, la cual es mayor o menor dependiendo de la etapa que atraviese el ciclo macroeconómico y la disponibilidad de otras fuentes de financiamiento.

A su vez, el contexto actual demuestra que las medidas tomadas no constituyeron una solución definitiva al déficit estructural de la provincia. En primer lugar, la crisis con epicentro en los países centrales restringe el acceso al financiamiento. En segundo lugar, el distanciamiento político con el gobierno nacional dificultó esta otra fuente de recursos. En tercer lugar, existe poco margen para elevar la presión tributaria sobre las mayorías. Por último, en cuarto lugar, la lucha de los trabajadores de la provincia, impulsados por las bases más allá de la reticencia de la burocracia sindical, puso un freno al ajuste del gobierno, observado en reversiones de medidas restrictivas como el pago del medio aguinaldo en cuatro cuotas o los ajustes a los trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación.

El contexto presentado exige cambios progresivos para dar una solución sustentable al desequilibrio presupuestario de la provincia. En ese sentido, se debe encarar una reforma tributaria que incremente la presión impositiva sobre los sectores de mayores ingresos. Ello implicaría mayores cargas sobre el sector rural, el cual está teniendo una rentabilidad extraordinaria a partir de la coyuntura internacional. Se debe tener en cuenta que del total de impuestos que recauda ARBA, el inmobiliario rural aporta sólo el 2 por ciento. Sin embargo, las exorbitantes ganancias del sector no son apropiadas únicamente por los dueños de las tierras, de manera que se tienen que elevar los impuestos a toda la cadena del sector.

También es necesario subir los gravámenes sobre los barrios cerrados y torres de lujo, que experimentaron un fuerte crecimiento en los últimos años, el cual no se vio reflejado en la evolución de lo recaudado por el impuesto inmobiliario urbano, así como también en los autos de alta gama y las embarcaciones. A su vez, se debe incrementar la recaudación del impuesto a la herencia, que fue reimplantado en 2008, pero aportó muy pocos recursos a las arcas provinciales.

Por el lado de los gastos, los subsidios a los colegios privados alcanzan alrededor de 4300 millones de pesos en el presupuesto 2012, equivalentes al 65 por ciento del déficit total presupuestado para este año y a cerca del 10 por ciento de los salarios de todos los trabajadores provinciales. Si bien parte de los beneficios son recibidos por sectores de clases medias bajas y bajas, está claro que una gran parte de ellos recaen en sectores medios y altos.

Por su parte, también es necesario redefinir el proceso de descentralización de la educación sin los correspondientes recursos para financiarlos. La creación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) en 1998 y del Fondo de Compensación Salarial con la Ley de Financiamiento Educativo de 2005 son dos ejemplos que van en dicha dirección, pero que no son suficientes. Finalmente, se puede concluir que si se continúan implementando políticas de ajuste y precarización de los trabajadores junto con recorte de planes sociales y programas de salud, complementadas con fuentes de financiamiento no sostenible, sólo se pretende hacer viable un modelo fiscal deficitario estructuralmente sobre las espaldas de los sectores de menores recursos. Unicamente una reforma progresiva de fondo puede dar una solución justa y sustentable al desequilibrio presupuestario provincial.

* Economista. Miembro del equipo de economía política del Centro de Estudios para el Cambio Social.

Los límites del neodesarrollismo y el proyecto de país que podemos construir.

Nota aparecida en la revista Cambio Social, no. 10-11, Noviembre 2011.

Los límites del neodesarrollismo y el proyecto de país que podemos construir.

A 10 años del 2001 se reactualiza el debate sobre el proyecto de país. La crisis del neoliberalismo abrió paso a una nueva etapa que –sin embargo- no cumplió con las expectativas de cambio social que el pueblo trabajador demanda en aquel momento. La recomposición de las clases dominantes en lo político tuvo su reflejo en la consolidación del país creado a través del proyecto neoliberal: el neodesarrollismo kirchnerista nació para reproducir de manera ampliada las bases excluyentes de un modelo de saqueo de las riquezas naturales y precarización extendida del trabajo y la vida.

Lo anterior no significa que no haya habido cambios en una década, o que el kirchnerismo sea simplemente más de lo mismo. Por el contrario, los grandes cambios en lo socio-económico y en las políticas del Estado, son expresión todo lo que cambió en Argentina a partir de la crisis de la Convertibilidad; pero también de lo que se consolidó a través del cambio.

El proyecto neodesarrollista del kirchnerismo terminó de conformar un país montado en la ola del auge de las commodities. La sojización del agro y la agroindustria, el saqueo de las riquezas naturales a través de la minería a cielo abierto y las megaobras energéticas son la base de un modelo económico lanzado a la producción de materias primas e insumos para alimentar el ciclo global del capital dominado por las grandes transnacionales. El peso creciente de la relación con Brasil y China (o –más precisamente- con sus empresas transnacionales) no altera la ecuación: el proyecto del kirchnerismo es insertar a la economía argentina como un eslabón periférico y subordinado en el capitalismo global posneoliberal.

Los límites de ese proyecto comienzan a ser cada vez más evidentes:

(1)  El aumento del empleo no permite eliminar la pobreza y la exclusión de cerca de un tercio de la población. La precarización del empleo sigue extendida a más de la mitad de la fuerza de trabajo y ello conduce a bajos salarios y malas condiciones de empleo: el 40% de los trabajadores tiene remuneraciones por debajo del salario mínimo y 50% de los asalariados en el sector privado están en negro.

(2)  La estrategia de industrialización –que es presentada como la panacea para terminar con todos los males del capitalismo argentino- encuentra rápidamente un límite: el PBI industrial no lograr superar el 20% del valor agregado total. En paralelo, a pesar de los subsidios, el dólar alto y la superexplotación de la fuerza laboral, las ramas manufactureras del capital son cada vez más deficitarias en su comercio exterior.

(3)  La redistribución del ingreso choca contra el poder de las grandes corporaciones y la complicidad estatal. La inflación de 25% anual desde hace 4 años –toda la última gestión kirchnerista- impide el aumento en el poder de compra de los salarios y el aumento en la participación de los ingresos de los/as trabajadores/as. El fifty-fifty en el reparto se aleja cada vez más.

(4)  La expansión de la renta agraria y minera alimenta la especulación inmobiliaria y los alimentos, aumentando artificialmente el precio de la tierra, desplazando a los pequeños productores y expulsando al pueblo trabajador de la vivienda digna. Simultáneamente, la soberanía alimentaria es puesta en riesgo.

(5)  Las políticas sociales y previsionales mantienen un carácter puramente compensatorio, arbitrario, fragmentario y con el objetivo de contener –sin resolver plenamente- las demandas populares. El derecho universal a la seguridad social integral y los servicios sociales básicos (salud, educación, hábitat) está fuera del horizonte del neodesarrollismo.

(6)  La política fiscal sigue sin gravar importantes fuentes de renta (minera y financiera), grava muy levemente otras rentas (agraria e inmobiliaria) al igual que los ingresos suntuarios. El superávit fiscal se mantiene como un objetivo primordial a los fines de sostener el pago de la deuda pública.

Estos límites se verifican aún frente a una coyuntura internacional favorable a los países periféricos. Es probable que en el marco de una crisis en los países centrales –que presenta tendencias a profundizarse- las restricciones al proyecto neodesarrollista se agudicen, aunque ello no implique grandes cambios a corto plazo.

La situación internacional abre un campo para plantear alternativas. Los sectores dominantes están buscando profundizar un modelo de desarrollo capitalista subordinado a las potencias subimperiales (Brasil, China) siendo el Unasur (Unión de Naciones del Sur) el marco institucional de ese proyecto. En ese camino se orientan la multiplicación de acuerdos con el gobierno chino –que en los hechos suponen un intercambio desigual de tierra/agua/soja argentina por inversiones directas chinas en nuestro país- o el avance del IIRSA (proyecto de infraestructura regional apoyado por el BID y el Banco Mundial) que busca garantizar la provisión de energía e infraestructura de transporte para el lanzamiento del Brasil como potencia económica global. Las nuevas instituciones regionales, como el Banco del Sur, buscan consolidar un blindaje contra las turbulencias internacionales pero no cuestionan el rol de la región en el mundo como proveedor de riquezas naturales. El neodesarrollismo argentino es perfectamente compatible y complementario con el camino elegido: los proyectos oficiales de ley de tierras, la orientación de la mayor parte de las líneas de crédito y financiamiento de proyectos de ciencia y técnica a las grandes empresas, y los programas de desarrollo productivo de mediano plazo (como el recientemente anunciado “Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial”), sólo pretenden consolidar la competitividad de la plataforma agro-industrial argentina.

La alternativa supone caminar una integración regional que coloque al ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) como eje y que oriente la nueva arquitectura institucional (Banco del Sur, moneda regional Sucre, etc.) para estructurar una articulación regional de base solidaria y complementaria. Esto debería orientarse a permitir a todos los países de la región comenzar a desandar la huella del neoliberalismo, avanzando en un proyecto posneoliberal con tendencia socialista. Una estrategia de integración regional en tal sentido permitirá encaminar un proyecto que supere los límites del neodesarrollismo y servir para iniciar una transición hacia un desarrollo no capitalista.

Socialismo del siglo XXI: contradicciones, barreras y posibilidades.

Contradicciones y posibilidades

Por Mariano Féliz y Melina Deledicque *

[Publicada en Página/12, 1 de octubre de 2012; http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-204602-2012-10-01.html]

Hasta fines de los años ochenta, Venezuela era conocida fundamentalmente por su petróleo, sus playas y sus Miss Universo. En 1989, en el estallido popular denominado Caracazo, el pueblo venezolano decidió comenzar a dar vuelta la historia. En 1992, el comandante Hugo Chávez encabezó un nuevo alzamiento contra el neoliberalismo y, si bien fracasó, abrió una esperanza. Veinte años después, Venezuela está a la vanguardia del cambio posneoliberal en la región.

Venezuela es un país basado en el rentismo petrolero y ejemplo de los costos de seguir ese camino. El proceso iniciado en 1998 intenta –trabajosamente y lejos de la perfección– avanzar en un cambio copernicano que aproveche los ingresos extraordinarios de la explotación petrolera (que representa casi la totalidad de las exportaciones) para otorgar a millones de venezolanos los derechos sociales básicos y, a su vez, pueda conformar las bases de un nuevo proyecto social-político, que desde 2006 se conoce como Socialismo del siglo XXI.

El primer gran paso en esta dirección fue la recuperación para el pueblo de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en el año 2003, ciento por ciento estatal e instrumento clave en la redistribución social de la renta petrolera, equivalente a casi la mitad de la recaudación fiscal. Con la “siembra petrolera”, el gobierno bolivariano ha avanzado en la construcción de ciudadanía para los millones que habitan las barriadas populares de Caracas y más allá las cuales no existían para el Estado. Ese proceso involucró la promoción de la organización popular en el relevamiento de las necesidades barriales y en su solución a través de una multitud de misiones que permitieron conformar una red de mercados populares para luchar contra la especulación y la inflación, crear miles de salas médicas que desarrollan la salud preventiva, impulsar campañas que erradicaron el analfabetismo, entre otras. En menos de una década, millones de venezolanos/as accedieron a bienes y servicios que les fueron históricamente negados por las elites gobernantes.

Esa estrategia es acompañada de una política de desarrollo que busca garantizar la soberanía alimentaria y productiva del país. A través de convenios de cooperación e intercambio solidario con las naciones aliadas, el gobierno ha conseguido la construcción de decenas de emprendimientos para la producción de alimentos, bienes de consumo y maquinaria. Estos intercambios compensados buscan superar la lógica del comercio capitalista, apuntalando la posibilidad de sacar a Venezuela de años de dependencia importadora. La misión Gran Vivienda Venezuela, que concluirá sus primeros dos años construyendo 300 mil casas nuevas, se apoya en el aporte material y humano de Rusia, Bielorrusia, China y otros socios, y en una multitud de emprendimientos autogestivos.

El proyecto de revolución del siglo XXI en Venezuela busca –con dificultades y limitaciones– construir un nuevo tipo de Estado en un nuevo tipo de sociedad. A través de las leyes del Poder Popular (aprobadas en 2010) se impulsa, financia y apoya la auto-organización popular por la vía de miles de consejos comunales y decenas de comunas socialistas en construcción. Si el pueblo logra aprovechar la oportunidad que estos instrumentos proporcionan, ellos podrán conformarse en experiencias embrionarias de formas de auto-gobierno popular que desplacen al Estado burgués que todavía prevalece. El principal riesgo es el uso clientelístico y burocrático que en muchos casos impera. A estas nuevas formas organizativas se las intenta complementar con la promoción de nuevas formas de propiedad comunitaria y cooperativa que impulsen otro estilo de desarrollo.

El camino del Socialismo del siglo XXI está plagado de barreras. Los propios aparatos del Estado existente suelen bloquear las iniciativas populares por el peso de viejas estructuras políticas. En una alianza de gobierno que lejos está de ser ejemplo de pureza ideológica o política, Chávez sigue siendo fundamental como factor de unidad pero también de radicalidad. La política macroeconómica enfrenta las barreras de una economía capitalista aún minada por grandes empresas que pretenden continuar imponiendo sus intereses al proyecto colectivo. Por sobre todas las cosas, enfrenta la dificultad de avanzar en un cambio trascendental en una región donde Argentina y Brasil buscan imponer proyectos neodesarrollistas de capitalismo periférico. La incorporación de Venezuela al Mercosur (estrategia de integración de raíz neoliberal) plantea el interrogante sobre las posibles contradicciones con la apuesta de una integración posneoliberal en el ALBA. Venezuela es hoy el faro que ilumina un posible horizonte de superación del desarrollo capitalista. La continuidad y profundización de ese proceso son la esperanza de los pueblos del mundo en esta etapa de crisis y cambios en el capitalismo a escala internacional.

* Miembros del Centro de Estudios para el Cambio Social.

Regalías para pocos

Matías García y Mariano Féliz*

Aparecida en www.marcha.org.ar / 14.Sep.12

Un análisis de la relación entre el gobierno nacional y la multinacional Monsanto. El lanzamiento de la nueva semilla “Intacta RR2 Pro” y el proyecto del ministro de Agricultura de modificar la Ley de Semillas vigente.


Un análisis de la relación entre el gobierno nacional y la multinacional Monsanto. El lanzamiento de la nueva semilla “Intacta RR2 Pro” y el proyecto del ministro de Agricultura de modificar la Ley de Semillas vigente.Cronológicamente, los hechos pueden iniciarse el 15 de Junio con la presidenta Cristina Kirchner en el Council de las Américas explayándose con orgullo acerca de la reunión que había mantenido con la empresa de agronegocios más grande del mundo -Monsanto-, asegurando que la misma invertirá en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas 1600 millones de pesos para desarrollar una planta de tratamiento de semillas transgénicas de maíz. Continúa el 21 de Agosto, día en que Monsanto presenta la nueva soja “Intacta RR2 Pro” que promete incrementar los rendimientos hasta un 11% (alrededor de 5 millones de toneladas extra de soja). En dicho evento participó nada menos que el Ministro de Agricultura Norberto Yauhar, quien reivindicó con entusiasmo los derechos de propiedad de las empresas mejoradoras de semillas. Si no creyéramos en las casualidades y sí en las causalidades, no debería sorprender que en dicha presentación el funcionario nacional anunciara el envío al Congreso de un proyecto oficial para modificar la Ley de Semillas.

Retrocediendo un poco más en el tiempo, llegamos a 1996, año en que se libera el último evento transgénico en autógamas: la soja RR (Resistente al Roundup, nombre comercial del glifosato), también propiedad de Monsanto. En aquel momento, Monsanto dejó deliberadamente el gen RR en el dominio público, pues no fue patentado en Argentina, aunque sí en otros países, como los europeos y Estados Unidos. Esto facilitó su fuerte difusión, con una ventaja importante para la empresa: ella vende también el herbicida (glifosato) al que la planta de soja RR resiste. De este modo, resultó una movida estratégica que le permitió beneficiarse con las ventas de sus semillas transgénicas y de los crecientes volúmenes de glifosato. Sin embargo, tras aceptar y beneficiarse de esa fórmula durante 10 años, Monsanto decidió que los agricultores deberían también pagar regalías a la empresa por el uso de la soja RR de hasta 15 dólares por tonelada. El gobierno de Néstor Kirchner en ese momento rechazó tal pretensión, existiendo como represalia la detención de barcos con harina de soja argentina en puertos europeos. El mismo gobierno inicia una demanda ante tribunales europeos, que terminan dándole la razón a la Argentina.

La estrategia adoptada esta vez por la multinacional para la semilla “Intacta” es diferente que la decidida para la primera soja RR. Monsanto ya se aseguró la propiedad intelectual en el país, y la aceptación de la misma por parte de más de 8500 grandes empresarios sojeros (lo que representa el 60% del área de la soja), quienes rubricaron un acuerdo ad-hoc. Lo grave es la posibilidad del “acuerdo” público, por cuanto se limitaría derechos consagrados en la Ley de Semillas.

La Ley de Semillas (N° 20.247) fue sancionada en el año 1973, y mantuvo ilesa desde entonces la que fuera su tal vez más importante prerrogativa (artículo 27): el derecho que poseen los agricultores de poder reproducir sus propias semillas, aun cuando estas pudieron haber partido de una simiente que tuviera algún tipo de mejoramiento genético protegido. Vale decir que este derecho no tiene igual impacto en todos los cultivos. Las plantas alógamas (maíz, girasol) producen granos (semillas) que por su forma de polinización poseen una alta variabilidad genética en cada nueva generación, en cuyo caso los agricultores que usen híbridos indefectiblemente deben comprar las semillas todos los años. Diferente suerte corren las autógamas (soja, trigo), que por su mecanismo de autofecundación, posibilitan la reproducción ilimitada de las semillas prácticamente sin pérdida de la información genética.

En la práctica, eso posibilita que apenas el 20-25% de la semilla de soja sea adquirida en semilleras y pague regalías, mientras que el resto se divide en uso propio y la denominada “bolsa blanca”, que es la venta de la semilla por canales informales.

Por ello, lo que se pretende con la modificación de la ley no es el reconocimiento del derecho de propiedad de Monsanto, ni que se le pague regalías al comprarle la semilla (cosa que ocurre) o combatir la “bolsa blanca” (sería inconcebible que se cercenen derechos para evitar a los que delinquen). El propósito que no se oculta y que guarda directa relación con los hechos descriptos al principio de la nota es el de limitar el milenario derecho de los agricultores al Uso Propio de la semilla. De esta manera, guardar parte de la cosecha como semilla para la siguiente siembra se transformaría en ilegal.

La fuerte restricción de este derecho busca ser atenuado. Yauhar aclaró que la ley incluirá en un capítulo especial la “previsión necesaria para que los pequeños y medianos productores tengan el acceso a la tecnología como el resto”. Para ello, si bien el proyecto de ley mantiene este derecho del agricultor de uso propio de las semillas (artículo 30), se redactó una definición dura y restrictiva de este sujeto (artículo 7 inciso f), en la cual surgen dudas no sólo en la interpretación sino que también en su cumplimiento.

Existe un discurso, en donde se afirma que la nueva ley (y Monsanto) pretende sólo cobrar regalías al 20% de los productores de soja, responsables del 80% de la producción. La pregunta obvia es:¿la manera de lograr ese objetivo es vulnerando un derecho no sólo para el restante 80% de los productores de soja, sino que principalmente también para la totalidad del resto de los productores, mayoritariamente pequeños?. El riesgo es gigante.

Suena contradictorio que en un país en donde desde la primer magistratura se menoscabó al “yuyito”, ahora se avale políticamente a la mayor empresa impulsora de la soja. Resulta discordante que un país en donde parte del argumento de las retenciones a la soja tenía como propósito reducir el monocultivo, limitar su expansión y disminuir la vulnerabilidad que este modelo ocasiona, se aprueben eventos biotecnológicos que no hacen más que profundizar el mismo, además de incrementar el problema de degradación de bienes comunes, desaparición de productores y concentración de la producción, entre otros. Parece paradójico, que un gobierno que asegura defender y promocionar a la agricultura familiar, favorezca tan abiertamente a la principal empresa antagónica de dicha forma de producción, como así también avasalle paralelamente el derecho inmemorial de uso propio de semillas. Y por último, es indudablemente poco coherente, en un país en que se habla de la soberanía y de las políticas nacionales y populares, que se posibilite a las multinacionales de los agronegocios no sólo incrementar aun más su rentabilidad, sino que además prevalezcan en una crucial disputa ideológica. Ya que la aceptación de los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas no es mas que legitimar que continúe la privatización de la naturaleza, mas aun cuando las semillas agrícolas son el fruto de miles de años de búsqueda, descubrimiento, selección, crianza y paciente desarrollo llevado adelante por comunidades campesinas y pueblos originarios. Y con la legitimidad, aparece el formidable poder simbólico y real que brinda tener la propiedad legal de las semillas, origen de los alimentos.

* Investigadores del CONICET, docentes de la UNLP e integrantes del Centro de Estudios para el Cambio Social ( cecso.argentina.2011@gmail.com)

Cacerolas de ayer, cacerolas de hoy

Son los dólares

Por Melina Deledicque * y Mariano Féliz *

[nota aparecida en Diario Página/12, 11 de junio de 2012; http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-196088-2012-06-11.html]

Diciembre de 2001 fue el momento en que todas las contradicciones del proyecto neoliberal en Argentina colapsaron. La magnitud de la crisis era tal que ese mes hasta los sectores medios, tradicionalmente más conservadores y menos propensos a movilizarse colectivamente, salieron a las calles con sus cacerolas. En una suerte de catarsis colectiva, amplias fracciones de las clases medias urbanas de la ciudad de Buenos Aires y algunas otras ciudades recuperaron el espacio público. Lo hicieron, primero, en función de un reclamo material muy específico, como era el manejo de sus depósitos bancarios que habían sido congelados por el corralito. Esa medida que hizo colapsar la circulación monetaria tuvo amplios efectos contractivos sobre el conjunto de la actividad productiva y en particular sobre la economía informal. De allí en más, la acentuación de la crisis y la convergencia con otras fracciones sociales –el recordado “piquete y cacerola”– impulsó un reclamo más amplio cuando en los días previos a la Navidad de 2001 decenas de miles se movilizaron contra el Estado de sitio decretado por el entonces presidente De la Rúa. Las efímeras pero significativas asambleas populares constituidas por cientos en esos días marcaron toda una novedad para la política argentina: las clases medias emulaban las formas de autoorganización de los sectores populares e intentaban recuperar la práctica de la política en primera persona.

Diez años después, retornaron las cacerolas, pero ahora una fracción ínfima de esa clase media vuelve a las calles. Esta vez, sin embargo, la naturaleza de su reclamo se devalúa por el contexto, el tiempo pasado y –sobre todo– por el sentido de la acción colectiva. El contexto es diferente, pues hoy el capitalismo argentino no atraviesa una crisis total como en 2001 sino que comienza a deslizarse por un sendero de desaceleración pero sin perspectivas catastróficas. El contraste con aquellos años es que hoy no está en cuestión la propia legitimidad del proceso político como si lo estaba en aquel momento con el “que se vayan todos”. El Estado ha recuperado su capacidad de condensar las exigencias de orden de las clases dominantes, y la protesta callejera de ciertas fracciones de los sectores medios tienen poca capacidad de impugnación de la recuperada hegemonía del capital.

Finalmente, la demanda de “derecho al atesoramiento de dólares” en el actual contexto aparece como poco razonable y nada generalizable, en el marco de una sociedad donde la capacidad de ahorro se reduce a un subsector muy reducido de la población. Por otra parte, en el marco de un “capitalismo serio”, la clase media atesoradora se convierte en un residuo (o peor aún en un factor negativo) frente a las fracciones medias rentistas que colocan sus excedentes líquidos en inversiones inmobiliarias u otras formas dinámicas de capital financiero. En un capitalismo donde la capacidad de producción de plusvalía no está puesta en cuestión, el atesorador es un personaje simpático pero para nada funcional.

En diciembre de 2001, el corralito como agravio –para usar el concepto de E. P. Thompson– golpeaba seriamente a una importante porción de los sectores medios, que iba más allá de quienes detentaban plazos fijos e incluía a los –mucho más numerosos– poseedores de cuentas corrientes y de ahorro en general, y tenía efectos expansivos al conjunto social en un marco de crisis orgánica. De allí, la dimensión y legitimidad de la acción emprendida por los participantes. Hoy, el agravio sólo atañe a una fracción de las clases medias que no pueden generalizar su visión del mundo pues material y simbólicamente no remite a las prácticas mayoritarias de su propia clase. Por otra parte, estas cacerolas no pueden interpelar al conjunto del pueblo trabajador (y no lo buscan) porque no cuestionan un proyecto capitalista en crisis.

La limitación a la compra de moneda extranjera es una medida torpemente implementada por el Gobierno y no ataca los problemas de fondo que se traducen en presiones devaluatorias. Las restricciones a la compra-venta de dólares no resuelven la crítica situación del balance de pagos que se vincula al síndrome de endeudamiento crónico de la Argentina, el peso creciente del capital transnacional (y su política de fuga de divisas) y la incapacidad sistémica de la industria argentina de competir internacionalmente sobre la base de la inversión. Las cacerolas se convirtieron en el chivo expiatorio (como en otro momento, Repsol, Clarín, los “fondos buitres” y otros) para que el Gobierno pragmáticamente accione con el fin de desplazar las barreras de su proyecto, ganando tiempo y creando nuevo espacio político de maniobra.

* Miembros del Centro de Estudios para el Cambio Social

La Carta Orgánica y la “sintonía gruesa”

La Carta Orgánica y la “sintonía gruesa”
[artículo aparecido en marcha.org.ar, el 3 de abril de 2012. http://www.marcha.org.ar/1/index.php/nacionales/95-economia/851-la-carta-organica-y-la-sintonia-gruesa]
Por Paula Belloni*

La promulgación de la nueva Carta Orgánica del Banco Central dela República Argentina (BCRA) amplía los objetivos y funciones del organismo, pretendiendo poner fin a la institucionalización de las ideas neoliberales sobre la autonomía del BCRA vigentes desde 1992.

La reforma realizada a través de la nueva ley extiende los objetivos del BCRA incorporando al antiguo y único objetivo de estabilidad monetaria otros vinculados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. En línea con los nuevos objetivos incorporados, se establecen 3 grandes modificaciones en el funcionamiento del Banco Central. Por un lado, se elimina la obligación de mantener una relación entre la base monetaria (dinero y los depósitos de la economía) y las reservas internacionales, estableciendo un nuevo límite a partir del cual las reservas de libre disponibilidad podrán utilizarse; por el otro, se amplían las posibilidades de financiamiento del BCRA al gobierno y, finalmente se dispone que el Banco podrá regular y orientar el crédito fijando las condiciones de los préstamos.

Ante estos hechos, economistas conservadores, apelando a viejos preceptos monetaristas, plantean que la nueva ley permitirá financiar al sector público con emisión monetaria. El resultado que se escondería detrás de la reforma es, para estos economistas, fuertes presiones inflacionarias, por ello surge la necesidad de realizar un severo ajuste y para ello es necesario volver a la “autonomía” del BCRA.

Sin embargo, en un contexto de deterioro del resultado de la cuenta corriente de la balanza de pagos (que finalizó el año 2011 con un saldo casi nulo de de tan sólo US$ 17 millones) y déficit de la cuenta capital y financiera (que han dado lugar a una caída de las reservas internacionales), de tendencia hacia el déficit fiscal (que ha cerrado el 2011 con un resultado de tan sólo $4.921, un 80,4% inferior al año anterior) y de proximidad a nuevos vencimientos de deuda, la nueva ley forma parte de un conjunto de medidas de política económica que se han venido implementando para frenar la salida de divisas y mantener las necesarias para “sostener” el crecimiento (diversos controles a la compra de dólares y a las importaciones y ciertas trabas para el giro de utilidades al exterior, etc.)

Lo que ha impulsado la tan apresurada reforma dela Carta Orgánicadel BCRA es, entonces, el agotamiento de las reservas de libre disponibilidad presente desde fines del 2011 junto a los propios límites estructurales del “modelo”, en particular aquellos que conducen al déficit fiscal y comercial manufacturero, con sus repercusiones en la balanza de pagos.

En este contexto, aun cuando un banco central dependiente del gobierno nacional es importante para recuperar la soberanía de las políticas económicas, cabe preguntarse con qué objetivo desea aplicar el gobierno argentino esta política monetaria. Si la misma se reduce a que las reservas de libre disponibilidad que surjan de la nueva disposición se orienten al pago de vencimiento de deuda con organismos multilaterales (BID, CAF, Banco Mundial) y/o para cancelar las deudas contraídas con otros países, como aquellos que se agrupan el Club de París difícilmente se avance en “el desarrollo con inclusión”.

En el mismo sentido, las modificaciones introducidas para regular y reorientar el crédito bajo la nueva ley no son suficientes como para recomponer la inversión productiva de largo plazo como se propone el gobierno, la matriz neoliberal financiera y, en especial, sus repercusiones en el modelo productivo permanecerán vigentes ante la falta de decisión política para reformar la actual Ley 21.526 de Entidades Financieras, creada por José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura cívico-militar.

En definitiva, la reforma parece atender más a las urgencias coyunturales que a las tensiones estructurales que muestra el neodesarrollismo. Tensiones que parecen requerir de una “sintonía mucho más gruesa”.

* Economista y  miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social.

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 98 seguidores

%d personas les gusta esto: